El director de la Cátedra de Inclusión Social, Angel Belzunegui, explica que la disciplina social tiene consecuencias más negativas sobre los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, las personas con diversidad cognitiva, las que tienen trastornos mentales y las que conviven con su maltratador. Lamenta que las entidades del tercer sector no hayan contado en la toma de decisiones del gobierno

«Hay personas que, por su situación de vulnerabilidad extrema, no pueden estar sometidas exactamente al mismo régimen que el resto. No se trata de privilegiar a nadie, sino de una adaptación sin poner en peligro el resto de la población «. Ángel Belzunegui es el director de la Cátedra de Inclusión Social de la URV, que observa como el confinamiento, la falta de relaciones, la falta de ejercicio y la convivencia afecta de manera desigual a la población en función de su situación de partida.

Además de las personas mayores y las enfermas crónicas, apunta a 4 colectivos para los que defiende medidas diferenciadas para mitigar las consecuencias negativas del confinamiento y la distancia social: los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, las personas con discapacidades (y más especialmente las que tienen diversidad cognitiva), las personas con trastornos mentales, y las mujeres y los niños que conviven con un maltratador. «Estos colectivos deberían estar sometidos a un régimen especial, diferente al de la población general», apunta.

La uniformización con la que se ha tratado los diferentes colectivos de la sociedad lo atribuye a la imposición de un «régimen disciplinario» y al menosprecio hacia las entidades del tercer sector: «Las entidades que saben de la gestión de las personas vulnerables, de repente, han quedado fuera de las mesas donde se decide todo y han sido sustituidas por militares y por médicos «. Y apunta que hay que educar a la población para que «entienda que determinadas personas no pueden estar sometidas exactamente al mismo régimen que el resto, por su situación de extrema vulnerabilidad».

«Las personas vulnerables y las entidades que las atienden sufrirán en la propia piel la crisis que viene»

Además de las consecuencias de la crisis sanitaria, los colectivos vulnerables son los más expuestos a la crisis económica que se prevé: «La crisis que vendrá cabalga sobre las consecuencias aún no superadas de la anterior crisis financiera, incrementarán las tasas de pobreza y se mostrarán con más claridad los sectores de población que están blindados y los que están siempre al azar de los acontecimientos». Belzunegui pronostica que «la pérdida de ingresos impositivos será demoledora para los colectivos más vulnerables», que lo sufrirán en la propia piel, así como las entidades que luchan en la primera línea para una vida digna de las personas vulnerables.

Precisamente la incapacidad de generar más ingresos en un momento de crisis, el hecho de que el desequilibrio social sea estructural (y acentuado con cada crisis), y la necesidad de tener buenos servicios públicos lleva al sociólogo a plantear medidas que no sigan los patrones habituales de dependencia de los fondos europeos y más gasto público. Así, propone la combinación de tres factores: la progresividad fiscal (más presión fiscal a más ingresos), una «lucha valiente» contra el fraude fiscal, y «una mayor eficiencia del gasto público».

Movilización del profesorado para la inclusión educativa

Una de las consecuencias del paro de las classes y su posterior reanudación a distancia es el retraso con respecto a la adquisición de contenidos que puede suponer para los niños y niñas y adolescentes con una mayor situación de vulnerabilidad. Por ello Belzunegui propone 2 líneas de actuación: por un lado, dotar a todos los hogares de conexión a Internet y de las herramientas telemáticas, como «un derecho más de las personas, el derecho al acceso»; y, por otro lado, desplazar maestros a los hogares o en espacios que puedan reunir unos cuantos chicos y chicas con las condiciones necesarias. «La movilización del profesorado garantizaría la educación a los que no tienen acceso. Para mí son servicios esenciales, y son funcionarios, por lo tanto, deberían poder estar dispuestos a trabajar a requerimiento de la comunidad «, concluye.