El catedrático de la URV Àlex Arenas es uno de los investigadores que firman la petición, que consideran esencial para preparar al país para próximas oleadas del virus y futuras pandemias

Más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas, unas 44.000 muertes en exceso. Más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos. Esta era la radiografía del paso de la COVID-19 hasta el 4 de agosto en España que, con una población de 47 millones de habitantes, es uno de los países más afectados por la pandemia. Con un sistema de salud considerado entre los mejores del mundo muchos científicos se preguntan: ¿cómo es posible que se haya llegado a estas cifras de muertos e infectados? Para buscar respuestas, pero sobre todo para encontrar soluciones para preparar el país para nuevas oleadas del virus y futuras pandemias, 20 personalidades del mundo de la investigación han firmado una carta publicada en la revista científica The Lancet en la que reclaman una auditoría independiente sobre cómo ha gestionado la pandemia en el gobierno español. Entre los firmantes está el catedrático e investigador del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV Àlex Arenas, experto en modelos matemáticos para estudiar la propagación de epidemias y que ha asesorado a los gobiernos español y catalán durante esta crisis sanitaria.

Entre las posibles explicaciones a la afectación que el SARS-CoV-2 ha tenido en el país, los expertos firmantes apuntan a «una falta de preparación para la pandemia (sistemas de vigilancia débiles, baja capacidad para hacer PCR, falta de equipos de protección personal y de equipos de cuidados críticos), una reacción tardía de las autoridades centrales y regionales, procesos lentos en la toma de decisiones, altos niveles de movilidad y migración de la población, falta de coordinación entre las autoridades centrales y regionales, poca dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población, grupos vulnerables que experimentan desigualdades sociales y de salud y falta de preparación en las residencias de ancianos.». Estos problemas, añaden, «se vieron exacerbados por los efectos de una década de austeridad que había agotado la fuerza laboral sanitaria y reducido la salud pública y las capacidades del sistema de salud».

En el artículo reclaman «una evaluación exhaustiva de los sistemas de salud y asistencia social para preparar el país para nuevas olas de COVID-19 o futuras pandemias, identificando debilidades y fortalezas y lecciones aprendidas». En este sentido, también piden que se haga una evaluación «independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales, centrados en las actividades del gobierno central y de los gobiernos de 17 comunidades autónomas». Según este grupo de expertos, esta evaluación debería incluir tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico y capacidad operativa. Además, «deben tenerse en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a que el estado Español sea más vulnerable, incluyendo las crecientes desigualdades».

Las preocupaciones específicas de este grupo incluyen «funciones de salud pública, liderazgo y gobernanza, financiación, fuerza de trabajo social y de salud, sistemas de información de salud, prestación de servicios, acceso al diagnóstico y tratamiento, el papel de la investigación científica y la experiencia y valores de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables.».

En su artículo también quieren dejar claro que esta evaluación «no debe concebirse como un instrumento para repartir culpas. Más bien, debe identificar áreas en las que la salud pública y el sistema de salud y asistencia social deben mejorar.» . Aunque este tipo de evaluación no es habitual en el España -apuntan- diversas instituciones y países como la OMS y Suecia han aceptado la necesidad de hacer este tipo de revisión como medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro.

El documento finaliza con una petición al gobierno español para que considere esta evaluación «como una oportunidad que podría conducir a una mejor preparación para una pandemia, prevenir muertes prematuras y construir un sistema de salud resiliente, con evidencia científica en su núcleo.»