El plan responde a la previsión de incremento del gasto de los 2,3 millones de euros actual a los más de 7 si se mantiene el nivel de consumo y los precios actuales

El suministro de energía es una de las partidas más importantes de la URV, con un gasto presupuestado para 2022 de 2,3 millones de euros. Pero el estallido del mercado de la energía y la finalización de la contratación del suministro de forma consorciada con las universidades catalanas hace que la previsión del gasto, con los últimos precios de referencia disponibles, sea de cerca de 5 millones de euros superior para el próximo año si no se hiciera ninguna acción que incida sobre el consumo. Por ello, en paralelo a la negociación del sistema de adquisición de energía de forma consorciada, el Consejo de Gobierno de la universidad ha aprobado un plan de emergencia energética cuyo objetivo es reducir el consumo de gas y electricidad, lo que ha repercutir en la factura de la energía.

El plan se estructura en dos ejes: la mejora de la eficiencia energética y la mejora del uso y la gestión. El primero es de ejecución a medio y largo plazo y responde a la estructura de campus y equipamientos distribuidos por el territorio. Incluye la mejora de las infraestructuras, la renovación de los sistemas de climatización, alumbrado y envolventes, la sectorialización del sistema de climatización y alumbrado para poder cerrar zonas de edificios en función del uso que se realiza y la renovación de la red de monitorización y la certificación energética de los edificios.

En ese eje se incorpora la producción propia de energía con placas fotovoltaicas, que ya estaba en marcha y se recoge también en el Plan de sostenibilidad ambiental y acción climática. La primera fase del proyecto ya se está desplegando en los campus Catalunya y Sescelades (Tarragona), y en próximas fases se instalarán más placas en el campus Sescelades, se iniciará el despliegue en el campus Terres de l’Ebre, y, en un tercer momento, en el campus Bellissens (Reus). Sin embargo, la generación de energía a través de esta fuente renovable cubrirá el 6,6% del consumo total una vez que estén todas las fases en marcha. Con la ejecución de otras fases todavía no programadas y considerando que el consumo bajará, esta cobertura podría situarse entre el 15 y el 20%.

Sin embargo, las actuaciones más inmediatas son las de mejora del uso y la gestión. A tal fin se constituirá, por un lado, una comisión de gobernanza del plan, que se encargará de elaborar las directrices globales que se aplicarán a todos los centros y campus, y por otro, las diferentes facultades, escuelas y unidades de consumo serán las que evaluarán las directrices y también propondrán medidas por sectores a través de lo que se llaman equipos de eficiencia energética, con representación de miembros y responsables de los centros y del Servicio de Recursos Materiales.

En cuanto al calendario del plan aprobado hoy, en lo que queda de año se revisará el sistema de monitorización, se crearán los grupos de trabajo y se ejecutarán las medidas primeras. En 2023 continuará la ejecución y empezará la evaluación continua para maximizar los efectos de la racionalización hasta alcanzar la reducción del consumo del 20%. Los años siguientes continuarán las medidas de ahorro con el objetivo de mantener la reducción del consumo y el gasto pero ya en un 10% anual a partir de 2024, hasta que se revise el plan por completo en 2026.

Así, el plan tiene características de documento marco y deja parte de la capacidad de decisión en los centros y campus, que tendrán que proponer medidas por sectores. Para Juan Antonio Duro, vicerrector de Economía, Infraestructuras y Relaciones Institucionales, se trata en este momento de que «las pequeñas decisiones cuajen en la comunidad universitaria para conseguir el ahorro del 20% del consumo», así como «captar el máximo de recursos externos para ejecutar las inversiones que nos permitan ser más eficientes”.

En paralelo, las universidades catalanas están negociando el sistema de adquisición de energía de manera consorciada, por lo que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto plurianual para la contratación de los suministros energéticos para el período 2023-26, que al 2023 supondría 6,45 millones de euros sin IVA. Debe tenerse en cuenta que el 73% del consumo energético de la URV es de electricidad y el 27% es de gas.