10/11/2020
El profesor Jorge de Andrés, premiado por una propuesta que hace más equitativas las rentas para los jubilados
Junto con la profesora de la UB, Laura González-Vila, ha ganado el premio de investigación Rafael Termes Carreró del Instituto Español de Analistas Financieros
Junto con la profesora de la UB, Laura González-Vila, ha ganado el premio de investigación Rafael Termes Carreró del Instituto Español de Analistas Financieros
Jorge de Andrés Sánchez, profesor de Economía Financiera de la URV y miembro del grupo de investigación Social and Business Research Laboratory, ha conseguido, junto con Laura González-Vila Puchades, profesora de el Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la UB, el premio de investigación Rafael Termes Carreró, que otorga anualmente el Instituto Español de Analistas Financieros por su monografía «Rentas mejoradas y planificación financiera: cobertura del riesgo de longevidad para personas jubiladas con esperanza de vida reducida».
Este trabajo intenta dar respuesta a una de las consecuencias de la previsible disminución de la cobertura de las pensiones públicas en un futuro cercano, y que hace necesario que las personas actualmente activas tengan que planificar su futuro mediante el ahorro individual que permita complementar la pensión pública de jubilación de forma óptima. Más concretamente, los dos investigadores proponen la adopción de un modelo ya existente en otros países, el de las rentas mejoradas, que consideran diferentes factores de riesgo asociados al estado de salud y hábito del rentista para estimar su longevidad y, en consecuencia, determinar las prestaciones a recibir.
En el estado español, cuando una persona se jubila se enfrenta al riesgo de longevidad, es decir, sobrevivir con los recursos ahorrados durante su vida activa. Para mitigar este riesgo la alternativa económicamente más racional es contratar rentas vitalicias que les garanticen prestaciones periódicas mientras vivan. La normativa española ofrece diferentes incentivos fiscales con el objetivo de estimular la demanda de las rentas vitalicias comercializadas por el sector asegurador privado. No obstante, el sector asegurador español ofrece rentas vitalicias a un único precio para todas las personas de la misma edad sin segmentar los asegurados más allá de la consideración de este factor de riesgo.
Por tanto, con el sistema actual se asume que todas las personas aseguradas de una misma edad, vivirán, de media, un número de años igual a la esperanza de vida que corresponde a esta edad. Esta situación tiene como consecuencia que las rentas vitalicias son injustas para las personas que por su estilo de vida o estado de salud presenten una expectativa de vida inferior al estándar.
Rentas a un precio justo
Por este motivo Jorge de Andrés y Laura González-Vila apuntan que una solución al problema de las rentas actuariales estándar consiste en comercializar rentas mejoradas, que ya existen en países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. En estas rentas las aseguradoras estiman las probabilidades de muerte del rentista considerando diferentes factores de riesgo asociados a su estado de salud y a los hábitos, lo que determina las prestaciones. Esto hace que puedan ofrecer rentas de supervivencia también a un precio actuarialmente justo a personas con vida esperada reducida.
En el trabajo premiado por el Instituto Español de Analistas Financieros, los dos investigadores describen las rentas mejoradas, tanto conceptualmente como aquellos aspectos de matemática financiera y actuarial más relevantes para su valoración. Defienden que más allá de las implicaciones económicas que supondría la comercialización de rentas mejoradas, tendrían efectos positivos desde una perspectiva ética porque la existencia exclusiva de rentas de supervivencia tradicionales contradice claramente el principio de justicia.
Esto es porque para las personas con un estado de salud deteriorado, el precio de las rentas tradicionales es superior al valor actual esperado de las prestaciones periódicas a recibir. Y como consecuencia, las personas con una vida esperada reducida no tienen ninguna motivación para contratar rentas tradicionales y quedan, a la práctica, marginadas de la posibilidad de adquirir rentas vitalicias. Esta falta de equidad se suma al agravio comparativo que las personas con años de vida reducidos tienen en el acceso a los incentivos fiscales, porque únicamente se pueden beneficiar a unos precios injustos.
Mayor cobertura e incentivos por cuidar de la salud
La oferta de rentas mejoradas en España permitiría la contratación de rentas a personas con una salud deteriorada que, de otra forma, no las suscribirían. Además, la expansión de rentas mejoradas en cualquier mercado beneficiaría a la sociedad en su conjunto porque incentiva a muchas personas a adquirir una pensión privada de jubilación que en otras circunstancias no se plantearían, y, por lo tanto, la cobertura del riesgo de longevidad mediante pensiones voluntarias.
Además, el hecho de que la comercialización de rentas mejoradas pueda incrementar el número de suscriptores de rentas puede tener implicaciones positivas en la salud pública: hay diversos autores que indican que el mercado de rentas está sujeto a riesgo de moral, de manera que la posibilidad de cobrar rentas más elevadas en el futuro crea incentivos a los rentistas para cuidar más su salud.