Susana Borràs, investigadora del Departamento de Derecho Público de la URV, ha participado en la COP28 como experta en Derechos de la Naturaleza. En este artículo valora el acuerdo resultante, aún distante del umbral de seguridad recomendado por la comunidad científica

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre se ha celebrado en Dubai (Emiratos Árabes) la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28), que reúne a los estados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Acuerdo de París. La principal finalidad de este encuentro internacional ha sido realizar el primer balance global  (el llamado “Balance Global” o “Global Stocktake”- GST) de los compromisos de acción climática (las llamadas “contribuciones determinadas a nivel nacional”), que los estados asumieron en el marco del Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de 2015, con el fin de acelerar la acción climática antes del final de la década y mantener así el límite de temperatura global de 1,5 ºC.

La COP28, que ha reunido a unas 85.000 personas, no ha dejado de estar rodeada, desde su inicio, de una fuerte polémica. En primer lugar, porque una reunión internacional como esta, en la que deben decidirse cuestiones cruciales sobre el cambio climático, se ha celebrado paradójicamente en uno de los cinco países que más emisiones per cápita de dióxido de carbono del mundo genera y que es el principal productor de petróleo. Además, si se tiene en cuenta que los efectos del cambio climático tienen graves repercusiones sobre los derechos humanos y que justo el pasado 10 de diciembre celebrábamos el 75 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue siendo inverosímil que esta COP se realizara en uno de los países que más vulnera los derechos humanos, entre ellos, el de libertad de expresión, de asociación y reunión, además de ser un estado suministrador de armas a los conflictos de Yemen, Libia, Etiopía y Sudán. Y por si fuera poco, el nombramiento como presidente de la COP, el Sultán Al Jaber, director ejecutivo de la empresa estatal de petróleo ADNOC, una de las mayores productoras de petróleo del mundo, no auguraba buenos presagios.

El documento adoptado no utiliza el verbo eliminar pero al menos establece un horizonte para el abandono de los combustibles fósiles

Sin embargo, la COP se ha clausurado con un acuerdo que señala el «principio del fin» de la era de los combustibles fósiles, citando las palabras del discurso de clausura utilizadas por Simon Stiell, secretario ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas, se establecen las bases para una transición rápida, justa y equitativa, apoyada, aparentemente, por fuertes recortes de emisiones y mayor financiación. Han tenido que pasar 28 años para que finalmente los políticos atiendan a los reclamos de la ciencia y de la sociedad civil, especialmente de aquella que ya está sintiendo y sufriendo los efectos del cambio climático o de aquella que representa a las generaciones futuras.

Llegar a este resultado no ha sido un proceso fácil. Tras horas de negociaciones, que alcanzaron la madrugada, el primer documento resultante fue rechazado, entre otros, por la Unión Europea, Estados Unidos y los países más afectados por los efectos del cambio climático por no atender a la petición principal y vital de “eliminar el uso de los combustibles fósiles”. Por último, si bien el documento adoptado no utiliza este verbo, “eliminar”, sí que al menos establece un horizonte para el abandono de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático. En efecto, el documento no sólo reitera la necesidad de mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar el umbral de seguridad del calentamiento global que marca la comunidad científica, es decir, el 1,5ºC respecto a niveles preindustriales, sino también la necesaria transición hacia el abandono progresivo del uso de los combustibles fósiles.

Los planes actuales nos llevan a un incremento de temperatura global entre el 2,1 y 2,8ºC, muy por encima del umbral de seguridad recomendado por la comunidad científica

Cierto, ésta es la primera vez que un documento de la COP hace referencia a esta cuestión tan trascendental. Ahora bien, si bien es una buena noticia, no es suficiente, en tanto que no satisface las demandas más contundentes provenientes de la comunidad científica y de la sociedad civil. Y, además, el balance climático es negativo. Los Estados Parte no van por buen camino para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Las concentraciones de gases de efecto invernadero no han parado de aumentar y, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los planes actuales nos llevan a un incremento de temperatura global de entre el 2,1 y 2,8ºC , muy por encima del umbral de seguridad recomendado por la comunidad científica.

De acuerdo con la ciencia climática, la situación de emergencia climática requiere medidas más urgentes, contundentes y sostenidas que comporten una mitigación, al menos, del 43% de las emisiones para 2030 y del 60%, para 2035 respecto a 2019 y llegar a cero emisiones limpias para 2050. La comunidad científica nos recuerda, reiteradamente, el peligro de sobrepasar el límite del calentamiento global de los 1,5 grados y que evitarlo no será posible sin la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles en un plazo coherente de tiempo.

Tampoco las promesas de financiación de nutrir con 700 millones de dólares el fondo de daños y pérdidas son suficientes, puesto que cuando se creó este fondo en la COP26 de Glasgow se hablaba de una provisión de 100.000 millones de dólares anuales. Incluso esta cifra es insuficiente si se contabilizan los perjuicios climáticos generados históricamente y actualmente desplazados a los países más empobrecidos. Pero, sobre todo, son insuficientes si se comparan con los 1,3 trillones de dólares, que según el Fondo Monetario Internacional, se destinan cada año a subvencionar los combustibles fósiles en todo el mundo.

La participación de la sociedad civil se ha visto condicionada por el hecho de que en los Emiratos Árabes no se permiten las manifestaciones en la calle

Los movimientos de la sociedad civil para el clima, por su parte, también han sido claves en la historia de las negociaciones climáticas, reivindicando la justicia climática y la protección de los derechos humanos. Por eso, la necesidad de su presencia en los espacios de negociación oficial es fundamental. En esta COP28, la participación de la sociedad civil se ha visto condicionada por el hecho de que en los Emiratos Árabes no se permiten las manifestaciones en la calle. Cualquier crítica u oposición al Estado o a sus representantes o pertenencia a algún grupo disidente puede suponer el castigo de cadena perpetúa o incluso pena de muerte. Sin embargo, la fuerza de la voz de la gente se ha hecho sentir en el espacio donde se producían las negociaciones gubernamentales, la llamada «zona azul».

Este resultado de la COP, que se ha caracterizado de «histórico», no es un mérito de los políticos. Gracias al trabajo de la comunidad científica, a la movilización social para la justicia climática y los derechos humanos, a la desobediencia civil de las personas más jóvenes y de las personas que están en la primera línea de los impactos climáticos, pagando la factura de unos pocos, que siguen ecoblanqueando sus discursos y acciones grandilocuentes, atribuyéndose méritos de salvadores, mientras siguen enriqueciéndose, privilegiando la plutocracia y la corporocracia del capitalismo, sacrificando el presente y el futuro de la humanidad y del planeta.

Realmente sólo puede haber un “principio del final” si se empieza con el respeto de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerabilizadas, y aprendemos a vivir, finalmente, en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.