“La tolerancia con la que se están aceptando el abandono, el maltrato y la muerte de las personas refugiadas no se entiende, de ninguna forma, en una supuesta y autoconvencida, “Europa de los derechos humanos””. Artículo de opinión de Susana Borràs, investigadora del Departamento de Derecho Público de la URV

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), veinticuatro horas después de iniciarse la invasión rusa, entre 50.000 y 100.000 personas habría abandonado sus hogares huyendo de los bombardeos hacia los países vecinos del oeste. Otros miles lo han hecho hacia Rusia provenientes de las regiones de Donbass.

Con el espacio aéreo cerrado para los vuelos civiles, el éxodo se ha iniciado por vía terrestre hacia los países fronterizos, principalmente hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Las imágenes chocantes de largas colas de vehículos huyendo de las ciudades, personas esperando a las fronteras para entrar a Eslovaquia o subiendo a los trenes en Kiev en dirección a Varsovia, no nos dejan indiferentes.

En el peor de los escenarios, según Naciones Unidas, podrían ser más de cinco millones de personas las que se vean obligadas a huir, si el conflicto perdura y si se intensifica.

Evidentemente, se trata de una nueva emergencia humanitaria, que requiere necesariamente una respuesta solidaria, básicamente, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que impone la protección de los derechos humanos.

En este sentido, la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial para atender a sus consecuencias, ofrece protección internacional y asistencia a las víctimas de guerra. Esta convención determina quién es una persona refugiada, que puede pedir protección internacional en otro país y solicitarle asilo. Es decir, una persona que cruza fronteras internacionales porque es perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a un determinado grupo social u opiniones políticas y que no pueda, o no quiera, debido a los miedos mencionados, acogerse a la protección de su país. Según ACNUR, actualmente hay 82,4 millones de personas fuera de su casa debido a la persecución, situaciones de conflicto o violaciones de derechos humanos.

Es cierto que después que Kiev hiciese una llamada desesperada, la Unión Europea (UE) ha activado el Mecanismo de Protección Civil, teniendo en cuenta las ofertas de acogida de Eslovenia, Rumanía, Francia, Irlanda y Austria con la asistencia adicional de Croacia, Alemania, Italia, Lituania, España, Dinamarca y Suecia. Incluso Hungría ha modificado su normativa para otorgar visados temporales a las personas que provengan de Ucrania.

No obstante, a esta realidad hay que recordar que en el 2014 ya se produjo un éxodo masivo de personas en Ucrania, que primero huyeron de la anexión rusa de la península de Crimea y, meses después, de la guerra separatista de las provincias de Donetsk y Lugansk. En aquel momento, la mayoría de las personas desplazadas lo hicieron internamente, sin cruzar fronteras internacionales. Según ACNUR, estaríamos hablando de un total de dos millones de personas que se vieron obligadas a dejar su casa: 1,2 millones desplazadas internamente a ciudades como Kiev o Leópolis y más de 800.000 refugiadas en países vecinos, la mayoría en Rusia.

Esta realidad pasó desapercibida, a pesar de ser otra emergencia humanitaria. Así, según la Eurostat, en el 2015, España fue el tercer país de la UE con más solicitudes de asilo de personas ucranianas, seguido de Alemania e Italia. De hecho, la población ucraniana fue el segundo colectivo, después de la siriana, con más solicitudes de asilo en España. En el 2014 fueron 890 solicitudes y en el 2015, 3.345. Ninguna de ellas, hasta en la actualidad, han recibido protección internacional.

Asimismo, queda muy presente en la memoria una alta crisis de acogida, la iniciada también en el 2014 y 2015 y que perdura en la actualidad, cuando miles de personas, consecuencia de la guerra en Siria, buscaban protección internacional en los países europeos. En aquel momento y todavía hoy, no se han cumplido las “cuotas de reparto” de personas y, es más, se ha hecho todo lo posible para reforzar e intensificar los mecanismos de protección y protección de las fronteras, terrestres y marítimas, con el objetivo de no dejar entrar a las personas.

La tolerancia con la que se está aceptando el abandono, el maltrato y la muerte de las personas refugiadas no se entiende, de ninguna forma, en una supuesta autoconvencida, “Europa de los derechos humanos”.

Los mecanismos de solidaridad y responsabilidad compartida existen desde hace tiempo. Es necesario que la UE haga operativa su Directiva 2001/55 de Protección Temporal, que nunca ha sido implementada hasta ahora, ya que permitiría dar respuesta a situaciones de emergencia en caso de afluencia masiva de personas desplazadas como lo sucedido ahora mismo, estableciendo corredores humanitarios desde Ucrania o países limítrofes, permitiendo la salida ordenada y segura y procesos ágiles de reagrupamiento familiar.

Ojalá que la evidencia del sufrimiento, tal vez ahora, haga despertar la solidaridad hacia todas las diásporas de guerra olvidadas y que no se permita que otros intereses se superpongan a los derechos de las personas que, desesperadamente, buscan refugio.