Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, la profesora Neus Oliveras reflexiona sobre la necesidad de abandonar la visión reduccionista de la violencia de género como un fenómeno desvinculado de la desigualdad de género y, por contra, poner el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas

El confinamiento que se decretó para dar respuesta al avance de la pandemia del Coronavirus supuso el empeoramiento de otra pandemia, la de la violencia machista. Mientras se repetían las consignas que proclamaban «quédate en casa», «juntos lo conseguiremos» y «todo irá bien», otro drama se desataba: el de las mujeres víctimas de violencia de género, que se han visto obligadas a convivir de forma permanente y forzosa con los agresores, con unas posibilidades de salir nulas o muy reducidas y sin acceso a sus redes de apoyo de familiares, amistades o profesionales. Más allá de los datos más extremos de la violencia, es decir, de los feminicidios, las llamadas a las líneas de ayuda a las mujeres víctimas de violencia machista se dispararon; según datos del Observatorio de la Igualdad del ICD, durante el primer mes y medio de la pandemia aumentaron un 88% respecto a las dos semanas anteriores.

A esta situación se refiere un reciente informe del EIGE, el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, donde se reconoce que buena parte de los Estados reaccionaron rápidamente y adoptaron medidas para garantizar la atención a las mujeres durante la pandemia. Entre estos países, España aparece entre los más atentos, con algunas iniciativas que han sido posteriormente seguidas por otros Estados.

Es bastante indicativo del contexto en que se mueve la violencia de género que una de las primeras y necesarias actuaciones fuese una campaña de concienciación y de visibilización del problema, donde se tuvo que recordar todavía que la violencia de género no es un problema privado, sino una vulneración de los derechos humanos que incumbe a toda la sociedad, y especialmente a los poderes públicos. La campaña servía también para hacer difusión de guías detalladas de las medidas a disposición de las víctimas de violencia machista, tanto de las ya existentes como de las novedades diseñadas para encarar las limitaciones que el estado de alarma supone, tanto por las mujeres como para sus hijas e hijos.

En esta línea, no solo se reforzaron las líneas de atención telefónica, que funcionan las 24 horas todos los días, sino que se añadieron nuevos canales, como las líneas de Whatsapp, más discretas y más rápidas a la hora de pedir ayuda y recibir una respuesta. El problema del aislamiento de las víctimas se intentó paliar también mediante la iniciativa «Establecimiento seguro contra la violencia machista», donde se pedía el apoyo de los comercios que estaban operativos durante el confinamiento para dar apoyo a las víctimas de violencia machista. En particular, respecto a las farmacias, el informe del EIGE recoge la iniciativa «Mascarilla19», nacida en Canarias pero que ya se ha difundido a numerosos países: cuando una mujer utilizaba esta fórmula, significaba que se encontraba en una situación de riesgo y que hacia falta alertar a los servicios de emergencia.

Se destaca que estas iniciativas no solo son vías para facilitar ayuda a las víctimas de violencia machista, sino también, en una perspectiva más amplia, mostrar a la víctima que no está sola y al agresor que la violencia de género no es socialmente aceptable. Hace falta añadir que en el contexto del estado de alarma, toda una serie de servicios asistenciales se consideraron servicios esenciales, y por tanto, continuaron funcionando, como por ejemplo los centros de emergencia y acogida, los servicios de psicología, abogacía o trabajadoras sociales, o los servicios de guardia para la asistencia a víctimas de violencia de género.

Los poderes públicos no han valorado las consecuencias diferentes que la gestión mayoritaria de la pandemia tiene para mujeres y para hombres

Asimismo, todas estas medidas se han adoptado en el contexto, o al margen, de un discurso mayoritario de los poderes públicos que no han tenido presente la perspectiva de género, es decir, que no han valorado las consecuencias diferentes que la gestión mayoritaria de la pandemia tiene para las mujeres y para los hombres. Así, de la misma forma hace falta recordar que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, hace falta recordar e insistir que la violencia de género no es un fenómeno asilado, desvinculado de la sociedad, sino que es una violencia estructural, sistémica, la manifestación más extrema de una situación de desigualdad basada en el género; por lo tanto, la única forma efectiva y real de erradicar la violencia de género es acabar con la desigualdad de nuestra sociedad. Es por eso que las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género, mencionadas anteriormente, contrastan con el resto de disposiciones tomadas al proclamar el estado de alarma.

Así, la estrategia fundamental de quedarse en casa diseñada por los poderes públicos no se ha planteado si el hogar es un lugar seguro, dado que para las mujeres no necesariamente es así, y más cuando el confinamiento puede agraviar las agresiones. Tampoco se ha planteado si el hogar, por sí mismo, garantiza el bienestar, cosa que significa que se invisibilizan las tareas de trabajo doméstico y de cuidado en un momento en que la emergencia sanitaria ha supuesto una extraordinaria sobrecarga de trabajo que asumen mayoritariamente las mujeres, que de media ya dedicaban 2 horas más al día en relación a los hombres.

Han sido las mujeres, pues, las que mayoritariamente se han encargado del cuidado, el entretenimiento y la educación de las criaturas o el cuidado de las personas dependientes, y del apoyo emocional en unas circunstancias de mucho de estrés; la prevención del contagio ha supuesto más limpieza, más lavadoras, y todo esto, sin tener acceso ni a ayuda externa ni a la familia extensa, que vive fuera del hogar, es decir, que la red familiar ha desaparecido, o al revés, reclama ayuda. Hay que añadir además que, a menudo, se ha confundido teletrabajo con conciliación, un teletrabajo que, seguramente, han seguido más las mujeres, que se encuentran en profesiones más feminizadas en las oficinas o en la educación, y que han sido los hombres los primeros al abandonar para salir del hogar y volver al trabajo presencial.

Es así como se presenta la paradoja, pues, que por un lado se están haciendo esfuerzos para acabar con la violencia de género, y por otro, se adoptan políticas que, al ignorar la perspectiva de género, tienen el efecto de aumentar la desigualdad de género, y por lo tanto, perpetúan la base sobre la que se sustenta la violencia machista.

La COVID ha sido una lenta magnificadora de la situación de desigualdad de género en nuestra sociedad: ahora hace falta reaccionar delante de esta imagen tan decepcionante del presente. Por eso, hace falta abandonar esta visión reduccionista de la violencia de género como un fenómenos desvinculado de la desigualdad de género y, en una reflexión más amplia y profunda, hace falta poner el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas: una vida libre y sin violencias de ningún tipo.