El nuevo contexto enlaza sin pausa con los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia. Para las familias más vulnerables, que fueron más castigadas por aquella crisis, ha sido un tiempo insuficiente para recuperar los niveles adquisitivos previos. Artículo de opinión de Francesc Valls, codirector de la Cátedra de Inclusión Social de la URV

La interacción entre el conflicto bélico en Ucrania y las sanciones económicas posteriores ha acelerado un contexto económico que ya se estaba incubando en los últimos meses: la población está perdiendo capacidad adquisitiva porque el encarecimiento de los bienes y servicios no se responde con ningún argumento proporcional de los salarios.

Este nuevo contexto enlaza sin pausa con los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia. Todo ello ha reducido el margen de recuperación económica de la población después de la crisis del 2008-2015. Para las familias más vulnerables, que fueron las más castigadas por aquella crisis, ha sido un tiempo insuficiente para recuperar los niveles adquisitivos previos. Los datos así lo indican: mientras que la renta media aumentó cerca de un 10% durante la pasada década 2010-2020 en Cataluña, los beneficios entre la población más vulnerable (concretamente, entre el 20% de la población con menos ingresos) sólo fue de un 3,2%, insuficientes para amortiguar la escalada de los precios.

Que aumenten los precios es casi siempre una mala noticia para los hogares que sufren más precariedad. Incluso, a menudo se define la inflación como un impuesto a las personas en riesgo de pobreza. Eso no es así del todo porque los impuestos, a diferencia de la inflación, generan un retorno a la sociedad en forma de servicios públicos y de prestaciones monetarias y porque se les supone una cierta capacidad redistributiva (aunque tanto en Cataluña como en el Estado español la eficiencia de las prestaciones para la lucha contra la pobreza es escasa). Puesto que el encarecimiento de los bienes y servicios es el mismo para todos, que tengamos que pagar más por un producto tendrá un mayor impacto en la economía de un hogar con pocos ingresos (que por adquirirlo tendrá que dedicar una mayor parte proporcional de lo que gana).

Además, hay un factor agravante: el incremento de los precios se está concentrando en dos ámbitos sensibles para la dignidad de la vida de las personas: le energía (luz, calefacción, cocina, agua caliente) y los alimentos básicos (cereales). En este contexto, los hogares con más recursos podrán hacer uso de sus ahorros para mantener su mismo nivel de vida. Algunos incluso decidirán invertir parte de los ahorros para protegerlos de la devaluación. En cambio, los hogares más vulnerables no cuentan con esta red y el golpe de las crisis económicas siempre es inmediato.

La experiencia reciente así lo alerta: para hacerle frente a los últimos periodos de crisis, estos hogares tuvieron que adaptar a la baja su nivel de vida (reducir el consumo, por ejemplo en calefacción y agua caliente, y reducir la calidad de los productos adquiridos), acumularon retrasos en los pagos de las facturas y de vivienda y tuvieron que buscar ayuda a unos servicios sociales que están desbordados intentando dar respuesta a problemáticas sociales viejas emergentes.