Es el resultado del proyecto europeo Epogender, que tiene el objetivo de impulsar la transposición de la Directiva relativa a la Orden Europea de Protección para las víctimas de violencia de género a buena parte de los estados miembros de la UE. El proyecto está coordinado y dirigido por Laura Román (URV) y Teresa Freixes (UAB)

La diversidad de sistemas jurídicos de cada estado miembro de la Unión Europea genera conflictos y dificultades a la hora de cumplir con las disposiciones de la Directiva Europea que tiene que garantizar que las mujeres tengan la misma protección en casos de violencia de género en cualquiera de los estados miembros de la Unión. Con el objetivo de conocer qué medidas de protección existen para garantizar la protección de las víctimas, los investigadores del proyecto europeo Epogender elaboraron un primer manual que incluye una recopilación de la legislación y las prácticas de los Estados miembros afectados por la Directiva relativa a las medidas de protección para las víctimas de violencia de género y un segundo manual donde se presenta un análisis de los estados estudiados y se sugieren indicadores para lograr una transposición correcta y eficaz de la Directiva, poniendo de relieve los obstáculos y dificultades que puedan surgir en el proceso. El proyecto ha hecho frente a la diversidad legal de los Estados miembros, que se añade a la dificultad de trabajar con conceptos que aparentemente tienen el mismo significado -como violencia doméstica, o violencia de género, o violencia familiar- pero que en la práctica pueden diferir de un estado a otro.

La Directiva 2011/99 / EU, sobre la Orden Europea de Protección pretende proteger a las víctimas cuando circulen o se desplacen por la Unión Europea y se centra en las tres medidas de protección más comunes: la prohibición de acercarse a los lugares donde la víctima reside o frecuenta, el establecimiento de una distancia mínima entre la víctima y el agresor y la prohibición de entrar en contacto con la persona protegida. De hecho, la Directiva no obliga a los Estados miembros a modificar su normativa interna, sino que instaura un mecanismo de cooperación judicial que obliga a ofrecer a las víctimas una protección equivalente a la que dispone en su estado de origen, pero una protección que a su vez depende de las medidas disponibles en el ordenamiento interno del estado de destino. La guía final ordena los estados en tres modelos en función de la naturaleza de las medidas de protección que aplican; así, por ejemplo, en España se aplican sólo medidas de tipo penal, en Austria y Alemania, medidas sólo civiles, y el resto de países tienen medidas mixtas.

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada estado, el manual presenta recomendaciones o indicadores que deben permitir hacer efectiva la Directiva. Se recomienda, por ejemplo, que las medidas de protección se adopten tanto antes de iniciar un proceso como después, una vez dictada la sentencia; que se aproxime la duración de las medidas de protección entre los diversos estados; que se establezcan sanciones en casos de rotura de las medidas de protección, -ya que algunos estados no lo sancionen-, o que se valore cómo deben ser estas sanciones. En cuanto a la víctima, se recomienda que los estados se comprometan a proporcionar la máxima información sobre las medidas de protección disponibles, sobre la situación procesal del agresor, -que puede ser un indicador del nivel de riesgo en que se encuentra la víctima-, ya proporcionar una asistencia jurídica gratuita, entre otros.

El trabajo ha sido presentado en diferentes foros de profesionales implicados en el tema jueces, fiscales, asociaciones de mujeres, policías, docentes-, para darle difusión con el objetivo de que entre todos contribuyan a garantizar un mismo nivel de protección a las mujeres que se desplacen por la Unión Europea. Este segundo manual, que marca el punto final de los dos años de proyecto, se presentó en Bruselas el pasado 18 de marzo, en un acto donde intervinieron miembros del equipo de trabajo internacional, integrado por cuatro socios: las dos universidades catalanas coordinadoras -la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona- , la Universidad de Szczecin (Polonia) y una asociación de jueces de Bulgaria. Una vez culminado el proyecto, el grupo de investigadores de la URV ha presentado un nuevo proyecto a la Comisión Europea para estudiar y mejorar los mecanismos de cooperación judicial en los casos de violencia de género.

Actualmente se calcula que hay unas 100.000 órdenes de protección a víctimas de violencia de género en Europa, 6.000 de las cuales en España. Y un 32% del total de estas órdenes de protección las han solicitado mujeres extranjeras.