Un equipo investigador de la URV trabaja en tres proyectos complementarios que revisan las consecuencias de los feminicidios sobre los hijos, hijas y familiares de las víctimas; el tratamiento judicial de los casos de violencia de género, y el modelo de atención a las violencias sexuales en la infancia

Un congreso internacional reúne cerca de 150 personas de siete países en la Universitat Rovira i Virgili (URV) para tratar sobre los retos jurídicos de la atención a la infancia y a las mujeres víctimas de la violencia. Ya hace años que un grupo de investigadoras de la URV de diferentes disciplinas unieron esfuerzos para estudiar y ofrecer conocimiento para evaluar y reformular cuando cuando es necesario las políticas públicas y la legislación vigente en Cataluña y en el Estado sobre tres cuestiones que afectan la protección de colectivos vulnerables: la atención y el reconocimiento de los derechos de los hijos y familiares de víctimas de feminicidios; la mejora de la obtención de pruebas en los casos de violencia de género que llegan a judicializarse, y la mejora de la atención en el sistema judicial de los niños víctimas de abusos sexuales con la implementación y evaluación del modelo sueco, Barnahus.

A través de tres proyectos de investigación complementarios están inmersas en la revisión del sistema de atención a las víctimas y durante dos días compartirán ese conocimiento generado hasta ahora con ponentes internacionales que, a su vez, expondrán los avances en esta materia en otros países.

Las otras víctimas

El punto de partida del interés del equipo investigador de los departamentos de Derecho Público, de Derecho Privado, Procesal y Financiero, y de Antropología, Filosofía y Trabajo Social fue precisamente la diversidad existente en la Unión Europea en las medidas de protección a las víctimas de violencia de género previstas en los ordenamientos jurídicos de cada país miembro. Después de un trabajo que las llevó a proponer directrices comunes para la transposición de la orden europea de protección de las víctimas, profundizaron en la situación que viven las personas más próximas o dependientes de las víctimas directas.

Las investigadoras evidencian que la mayoría de los modelos legislativos y de intervención social se sostienen sobre un enfoque construido a partir de considerar la mujer como víctima principal y a menudo única de la violencia machista. Pero la revisión sistemática de casos evidencia que la violencia machista no termina con la muerte de la mujer, sino que se propaga con consecuencias sobre los hijos, hijas y familiares y, por extensión, la sociedad en general.

A través del proyecto FEMINOR y de dos proyectos anteriores, estudian la situación, por un lado, de los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, en muchos casos por su pareja o expareja, por lo tanto, de su mismo entorno; por el otro las mujeres víctimas de la violencia de género, incluidas las que han sufrido feminicidio vinculado (asesinato cometido por un hombre contra los hijos para castigar la pareja o expareja). Lo hacen a través del análisis de casos, de entrevistas en profundidad a hijos e hijas mayores de edad, familiares y profesionales que han atendido cada caso y han analizado las sentencias judiciales, y con la elaboración de un geomapa que sitúe los feminicidios.

Aunque el proyecto está en curso, observan que el enfoque del ordenamiento y de las políticas públicas es reduccionista. Por un lado, “el tratamiento jurídico se circunscribe a la agresión, primando la respuesta penal y la consideración de víctima de quien se enfrenta a ello”, y, por otro, “en el campo de la intervención social vemos que aunque en los últimos años, en Cataluña, se ha avanzado en la atención a las víctimas del feminicidio a través de un protocolo de actuación específico, necesitamos seguir avanzando en el estudio y diagnosis de esta problemática multicausal para que las políticas sean lo más efectivas posible, aproximándose, por tanto, a las necesidades reales que se derivan como consecuencia de la violencia ‘vivida’ por cada víctima”, explica Eva Zafra, investigadora principal del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y la Unión Europea y que cuenta con la participación de la Universitdad de València, la Universidad de Granada y la Universidad Pública de Navarra.

Por tanto, no es suficiente “abarcar el antes y el durante del proceso, sino que hay que prestar atención al después porque los hijos e hijas quedan invisibilizados y, consecuentemente, desprotegidos”, apunta Zafra. Son también víctimas pero quedan fuera del proceso judicial y de cualquier medida de prevención o modificación las estructuras sociales en las que tiene lugar la violencia.

Permitir testificar fuera del juicio a las mujeres víctimas de violencia de género

Sin embargo, esta aproximación no debe descuidar la atención a las víctimas directas. Por eso el proyecto “Nuevos retos de género del Derecho probatorio”, que lidera la profesora Elisabet Cerrato, se centra en la detección de los principales problemas que se derivan del tratamiento judicial de los conflictos de violencia de género y, de este modo, poder establecer posibles soluciones.

Así, la investigación apunta a una realidad de desprotección de las víctimas de violencia de género en el proceso judicial. De hecho, poco más del 10% de los casos llega a denunciarse y en éstos existe lo que se llama dificultad probatoria. Cerrato explica que esto es consecuencia del contexto en el que se producen los delitos de violencia de género, en los que solo están presentes el agresor y la víctima y, por lo tanto, enfrentan la declaración del único testigo de cargo -la supuesta víctima- a la palabra del acusado, amparado por la presunción de inocencia, como no puede ser de otro modo”.

La investigación que han llevado a cabo las ha hecho reflexionar sobre “cómo mejorar la obtención de prueba en los casos que llegan a judicializarse” y plantean como posible solución “la preconstitución de la declaración de la testigo -la víctima-“. Es decir, que sea válida la declaración testifical de la fase de instrucción, que ya se contempla en los casos de testigos menores de 14 años o personas con discapacidad que necesitan protección especial. Por tanto, las víctimas no tendrían que declarar en el juicio; se trata de una situación ya permitida cuando el sistema judicial actúa en situaciones de especial fragilidad para evitar una segunda victimización.

Evitar la segunda victimización en el sistema judicial de niños que han sufrido abusos sexuales

En el mismo congreso, el equipo investigador presenta los resultados de un tercer proyecto dirigido precisamente a evitar una segunda victimización, en este caso de los niños que han sido víctimas de abusos sexuales. Las investigadoras han desarrollado una metodología para evaluar el impacto en el sistema penal del modelo Barnahus (Casa de los Niños en sueco), que reúne bajo un mismo techo, a nivel conceptual y también físico, todos los agentes y procesos que tienen lugar una vez se ha producido una denuncia por abuso sexual a un niño. Es un espacio amigable para el niño, donde se le hace la exploración, la entrevista, la valoración y el seguimiento, y en el que todos los agentes implicados deben trabajar coordinados con independencia del servicio al cual pertenezcan.

En Tarragona se ha implementado la primera Barnahus del Estado español y también se ha realizado la primera investigación que evalúa su impacto. Los resultados, todavía preliminares, son también los primeros de los que se dispone tanto a nivel estatal como europeo. Por ahora, demuestran la eficacia del modelo nórdico, en el que no son necesarias múltiples entrevistas en diferentes espacios y por diferentes motivos, reduce la situación de incertidumbre durante el tiempo de espera para el juicio oral y proporciona servicios médicos y terapéuticos apropiados para las víctimas y las familias.

Los primeros resultados de la investigación, que tienen que acogerse con la cautela necesaria, apuntan a una reducción de la duración del procedimiento penal,  una disminución de la ratio de casos sobreseídos y un incremento de la tasa de condena cuando interviene la Barnahus.

Núria Torres, que encabeza el proyecto internacional financiado por OAK Foundation, y María José Osuna, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Tarragona, han explicado en el congreso que tiene lugar a la URV el modelo de evaluación y la implicación de la fiscalía en la implementación.

El equipo investigador de la URV que trabaja en los retos de la atención a las víctimas de violencia de género y de abusos sexuales es, además de Eva Zafra, Elisabet Cerrato y Núria Torres, Laura Román, Víctor Merino, Roser Casanova, Alexandre Moreno, Àfrica Cruz, Sònia Pujol, Ana Giménez, Cristina Villó, Neus Oliveras, Ramona Torrens, Victòria Forns, Verónica Anzil, Eva Neus Miralles, Jordi Navarro, Diana Lozano, Clara Esteve, Belén Gallo, Juan Manuel Romero y Yolanda Domingo.

Durante el congreso «Retos jurídicos y de la atención a la infancia y a las mujeres víctimas de la violencia» comparten la experiencia de ampliar este campo de conocimiento con ponientes destacados cómo Miguel Lorente Acosta, profesor de Medicina Legal-Forense de la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2022, que reflexiona sobre los términos de violencia vicaria y feminicidio vinculado; Anna Kaldal, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Estocolmo, que expone la experiencia de los países nórdicos en la implementación del modelo Barnahus, y John Devaney, decano de la Facultad de Ciencia Social y Política de la Universidad de Edimburgo, que ha abordado la experiencia de los niños después del homicidio de la pareja íntima de los padres.