El trabajo, de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la URV, alerta de que se ha pasado de potenciar la propiedad a amparar la okupación y critica que la legislación ha pasado a manos de bancos y movimientos sociales

“Quince años sin solución para la vivienda. La innovación legal y la ciencia de datos en política de vivienda” es el trabajo que han publicado la investigadora postdoctoral en Derecho Civil, Rosa María García y el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, ambos miembros de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili.

En este estudio califican de «errática» la política de vivienda de España de los últimos quince años, mediante la cual se ha potenciado «un mercado hipotecario cada vez menos garantista». Tras la postcrisis (2007-2010), «no se tomó ninguna medida para solucionar el problema de acceso y pérdida de vivienda”. Los legisladores “influenciados por movimientos sociales y una parte de la judicatura» han aprobado medidas que, según los investigadores, no sólo han ayudado a mitigarla, sino que, en ocasiones, «la han empeorado».

Los autores añaden que la legislación ha estado en manos de los bancos, los movimientos sociales y en parte de los jueces. También advierten de que «en quince años se ha pasado de potenciar la propiedad privada a amparar legalmente la okupación», llegando a la actualidad, no sólo sin solucionar el problema de la vivienda sino, a menudo, incrementándolo.

Consideran que se ha establecido una «lógica» que no se discute social, judicial y legalmente. Esta transcurre desde las malas prácticas bancarias legalizadas -como las participaciones preferentes- al aumento de la dificultad de acceso a la propiedad. Esto de debe, en parte, debido a la restricción del crédito como consecuencia de la normativa de protección de consumidores. Pero no sólo esto. Estas malas prácticas pasan también por la generación de la burbuja del alquiler ante la falta de tenencias alternativas, «lo que ha justificado el control duro de la renta de los alquileres -de momento sólo en Cataluña- a pesar de sus efectos adversos en otros países»; el aumento de la tributación y la expropiación de derechos de los propietarios de viviendas vacías; la admisión en Cataluña de pisos de 24m2 en plena pandemia, y finalmente la justificación de la okupación, primero en Cataluña en 2019 y después en el resto del Estado en contexto COVID19, en 2021 y 2022.

En este trabajo, publicado en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, se analizan las normativas jurídico-civiles que se han adoptado estos últimos años en materia de vivienda para evaluar si se han seguido las recomendaciones de calidad normativa para su elaboración. Los investigadores han demostrado que, en la elaboración de algunas normas clave sobre vivienda no se han planteado alternativas legislativas a la adoptada y que, en la mayoría de los casos, no aportan datos sobre la necesidad y adecuación de la medida. En otros casos, los datos son dudosos o no se incluyen mecanismos de revisión ex post de las medidas aprobadas. Además, hay pocos datos sobre la participación pública efectiva, ya que apuntan a que no todas las normas han pasado este trámite y, en algunos casos, las personas que se han consultado “no cubren todos los grupos afectados ni se incluye en modo alguno a investigadores”, exponen en su trabajo.

Ante esta situación, los investigadores del Derecho, dicen, están “llamados a ofrecer soluciones honestas, objetivas y completas a la problemática planteada, después de conocer bien la dimensión de lo que se quiere resolver y la implicación de legislar de una forma u otra, superando así la improvisación o la influencia de unos y otros sobre el legislador o la judicatura”. Consideran que, desde la Universidad, se pueden hacer recomendaciones para elaborar normas eficaces basadas en evidencias que no sean subjetivas, de modo que la metodología de la ciencia de datos se revela como un instrumento fundamental para fomentar las políticas basadas en evidencias.