La investigación de la professora de la URV, Susana Ramírez-Hita, sirvió de prueba al Tribunal Consitucional del país para una sentencia histórica que sienta el precedente para que otras comunidades puedan reclamar ante los tribunales

Susana Ramírez Hita, profesora del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV), investiga desde hace casi diez años, sobre la contaminación ambiental de la Amazonía peruana. Su experticia llegó a oídos de unos sacerdotes agustinos españoles que trabajaban en una parroquia ubicada en Punchana, un distrito de la ciudad de Iquitos (Perú), donde existen dos asentamientos humanos, cuya población vive desde hace 20 años encima de un canal abierto por el que se desplaza parte del desagüe de la ciudad.

La particularidad de este canal es que en él se vierten las aguas servidas de un hospital, un matadero municipal y una refinería de petróleo, sin previo tratamiento. Paradójicamente, las poblaciones de los asentamientos no disponen de agua potable, sistema de desagüe, ni de un programa de recolección de residuos sólidos, por lo que están expuestos a múltiples enfermedades relacionadas a la contaminación.

Cuando Ramírez Hita comenzó la investigación, las juntas vecinales de los asentamientos, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, se encontraban en medio de un proceso judicial que estaba abierto desde el 2016, al interponer una demanda ante la Corte Superior de Justicia del Perú para que fuera resuelta la situación de insalubridad. El caso llegó finalmente al Tribunal Constitucional del país para su resolución y es en ese contexto, en septiembre de 2021, cuando se inició la investigación que llevó a demostrar la contaminación a la que estaba expuesta la población, lo que sirvió de prueba ante el Tribunal Constitucional.

En una sentencia histórica a favor de las comunidades, en julio del 2023, el Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucional por primera vez la falta de agua y desagüe y obligó a reparar el mal de forma inmediata. La sentencia establece un precedente para que otros asentamientos, comunidades y pueblos de Perú puedan solicitar agua y desagüe ante los tribunales.

“Quedé impactada la primera vez que fui a conocer el lugar y traté de demostrar el nivel de contaminación y la afectación a la salud que suponía vivir encima de ese canal, el objetivo era ganar la sentencia judicial y provocar cambios en las condiciones de habitabilidad”, explica Ramírez Hita.

Para ello realizó 72 entrevistas en profundidad a miembros de las familias de los asentamientos y a representantes y funcionarios de las instituciones que gestionan el agua, el desagüe y los residuos sólidos, así como de instituciones de salud.

También recabó datos epidemiológicos y de morbimortalidad, además de recoger muestras del agua del canal y del agua de consumo, lodo, suelo y aire, para analizar la citotoxicidad, genotoxicidad y resistencia antimicrobiana (con la colaboración de la Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia) y análisis fisicoquímicos en un laboratorio peruano.

Cruce del trabajo de campo antropológico con los datos de laboratorio

La novedad del estudio respecto de otros similares fue el trabajo de campo antropológico que se cruzó con los análisis de laboratorio. “Recogí las historias de enfermedad y muerte de la población que lleva viviendo 20 años en esas condiciones de insalubridad, y las fui relacionando con los datos del laboratorio”, detalla Ramírez Hita.

Lo que encontró fue incluso novedoso para las autoridades de salud del Perú: “Lo más novedoso ha sido conocer los resultados de los análisis sobre resistencia antimicrobiana y comprobar que la resistencia salió positiva a casi todos los antibióticos analizados, incluso en el agua de consumo. Las personas están enfermas por la insalubridad y, sin saberlo, toman agua que contiene antibióticos diariamente”.

Así pues, los problemas de salud más frecuentes que padecen los habitantes (diarrea, fiebre, vómito, diferentes enfermedades de la piel, parásitos, problemas intestinales, infecciones y tumores) podrían relacionarse con las sustancias contaminantes a las que se exponen como resultado de los vertidos de diferentes sustancias por parte del hospital, el matadero y la refinería petrolera de la zona.

La sentencia del Tribunal Constitucional de Perú menciona a lo largo de sus 90 páginas el estudio de Susana Ramírez Hita. En abril de este año, los testimonios de los afectados junto a la exposición de la investigadora ante el Tribunal Constitucional fueron de crucial importancia para el resultado de la sentencia final.

El impacto de esta sentencia es más relevante de lo que los promotores de la demanda y la investigadora habían imaginado, porque establece un precedente para que otros asentamientos, comunidades y pueblos de Perú puedan solicitar agua y desagüe ante los tribunales.

Susana Ramírez Hita es profesora asociada del Máster en Antropología Médica y Salud Global de la URV y pertenece al Medical Anthropology Research Center (MARC), al grupo de investigación de Antropología Social del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV, y a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).