El campus Catalunya ha sido la sede de unas jornadas para hablar sobre el proyecto, que identifica y pone en valor la tarea de este colectivo para concienciar sobre su situación de vulnerabilidad

El año 2017, 200 personas fueron asesinadas por defender el medio ambiente y los derechos humanos. Esta cifra, la más alta que se había registrado hasta ahora, hace tiempo que tiene en estado de alerta entidades e instituciones que ven cómo el asedio, la criminalización y la vulneración de los derechos de estos colectivos es un fenómeno en auge, especialmente en los países de la América Latina, Centroamérica, Asia y África, y que tímidamente también se está detectando en Europa. Identificar estas personas, estableciendo medidas para proteger los derechos y tomar conciencia sobre su situación de vulnerabilidad ha sido el objetivo del seminario «Defensa y Resistencia. La protección de las personas defensoras del medio ambiente», que los días 12 y 13 de junio se ha hecho en el campus Catalunya de la URV. Durante las jornadas se ha presentado el proyecto de investigación «Defender a los defensores: estrategias de protección y defensa integral de las personas defensoras del medio ambiente«, que en el último año ha elaborado el Centro de Estudio de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) con la colaboración del Instituto Catalán Internacional por la Paz.

El proyecto ha sido encabezado por la investigadora del Departamento de Derecho Público de la URV Susanna Borràs, y ha dado como resultado la elaboración de un informe que, por una parte, identifica cuáles son las personas defensoras de los derechos ambientales, sus funciones, sus derechos y, por otra, plantea los mecanismos que se pueden usar para protegerlos. Este documento es el resultado de un año de trabajo durante el que se han analizado en profundidad un centenar de casos reales de personas que lideran la lucha medioambiental. Los testimonios directos de estas personas han permitido constatar que su lucha en defensa del medio ambiente los convierte en objeto de presiones, amenazas, agresiones o secuestros, en un entorno donde la violencia está normalizada y existe una fuerte criminalización de la protesta. Durante la investigación, además, se ha podido constatar que en la mayoría de casos la lucha por la tierra y los bosques recae sobre mujeres indígenas, lo que hace que la vulneración de sus derechos y las violaciones estén a la orden del día.

Las personas que luchan por causas medioambientales lo hacen para protestar frente a proyectos llamados «de desarrollo», detrás de lo que hay normalmente grandes multinacionales que se dedican sobre todo a la extracción o construcción de presas hidroeléctricas, la mayoría con participación europea y con el visto bueno de los estados a los que pertenecen.

Una vez elaborado este informe, ahora el siguiente paso es proponer una serie de buenas prácticas, como sistemas de alerta para detectar de forma precoz la existencia de un conflicto, programas de ayuda para defender a estas personas e incluso la creación de un fondo que permita financiar su defensa porque en la mayoría de ocasiones no tienen recursos para poder denunciar y encarar un proceso judicial.

También se quiere buscar la complicidad de instituciones, como la propia Universidad, y animar a las administraciones a que se apunten a la iniciativa «ciudades defensoras de los derechos humanos», para crear conciencia y hacer divulgación sobre la situación de estas personas y de una problemática que poco a poco también se está detectando en Europa.