Investigadores de los departamentos de Geografía y Economía de la URV expertos en movilidad advierten que hay que apostar por el transporte público, con los cambios necesarios para mitigar el riesgo de contagios, y promover los espacios peatonales para no ensanchar más la brecha social, de género y de edad y habitar en ciudades más sostenibles y saludables

Las restricciones del transporte público y la reconfiguración del espacio público para dar más espacio a los peatones han sido dos de las medidas más importantes que las administraciones han tomado a corto plazo para contener la propagación de la COVID-19. Aunque los cambios en la movilidad han sido forzados por la pandemia abren un nuevo escenario para implementar políticas que hagan las ciudades más sostenibles y saludables y, a la vez, no contribuyan a ensanchar la brecha social, de género y de edad que supondría el abandono del transporte público a favor del vehículo privado.

Aaron Gutiérrez y Antoni Domènech, investigadores del Departamento de Geografía, y Daniel Miravet, del Departamento de Economía, son expertos en movilidad que han reorientado su investigación para responder a las necesidades sociales que se dan en este escenario nuevo, teniendo en cuenta que las últimas proyecciones estiman que, sin vacuna ni tratamiento efectivo, las medidas de distancia física podrían ser necesarias hasta el año 2022. Consideran que el momento actual es clave para diseñar «políticas permanentes» basadas en los beneficios sociales, ambientales y para la salud.

Más transporte público, menos privado

Como consecuencia de las restricciones en el transporte público y la sensación de inseguridad por la propagación del virus, ha incrementado el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público, un comportamiento que podría perdurar en el tiempo. Sin embargo, los investigadores explican que es importante promover el transporte público, aplicando las medidas necesarias, porque es un factor reductor de desigualdades.

De hecho, los estudios indican que las ciudades que mantienen o incrementan el espacio dedicado a los coches o que reducen la oferta de transporte público podrían «incrementar el efecto asimétrico de la pandemia sobre la sociedad», apunta Aaron Gutiérrez, ya que el virus ha tenido mucho más impacto en zonas de nivel socioeconómico medio y bajo, los habitantes de las cuales suelen tener trabajos menos cualificados y no les es posible el teletrabajo. Además, la mayor densidad de población de estas zonas dificulta el hecho de mantener las medidas de distanciamiento.

En este punto de inflexión en el que nos encontramos, «las ciudades tendrán que decidir qué sistema de movilidad promueven», explican los investigadores, por eso consideran que es el momento de establecer prioridades entre modos de transporte en el espacio urbano, y sus interacciones.

Habrá que superar, sin embargo, dos barreras: el control de los contagios y también la sensación de inseguridad de los usuarios. Por ello, Antoni Domènech considera que la tecnología puede jugar un papel importante, con la priorización de los sistemas contactless en lugar del pago en efectivo para reducir el contacto físico en el autobús, el tren o el metro, y cambios en los sistemas de comunicación con los usuarios para reducir la concurrencia durante la espera.

Más espacio para los peatones

Junto con la apuesta por el transporte público, los investigadores ven como una oportunidad el hecho de que las ciudades hayan incrementado el espacio destinado a peatones y ciclistas en detrimento del vehículo privado. Aunque se trata de medidas temporales para facilitar la distancia entre personas en la calle, se ha constatado un crecimiento muy rápido de los llamados modos activos a la hora desplazarse, como ir a pie o en bicicleta.

«Las medidas para que peatones y ciclistas tengan más espacio en la ciudad durante la COVID-19 deberían inspirar políticas permanentes para favorecer formas de desplazamiento más sostenibles y más saludables cuando la movilidad vuelva a crecer», defiende Miravet. Así, por ejemplo, se podrían mantener los espacios de uso exclusivo para peatones que se han ganado, o la reducción de la velocidad a 30 km/h para facilitar la cohabitación de vehículos motorizados con las bicicletas.

Transferencia de conocimiento para la gestión pública de la movilidad

A raíz de los cambios para la COVID-19, los investigadores de los grupos de investigación GRATET y GRIT han reorientado su investigación para estudiar los cambios de comportamiento a la hora de desplazarse, su impacto social, ambiental y sobre la salud y cómo son las políticas públicas que responden al nuevo contexto. Estos estudios se realizan en colaboración entre la URV y la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) del Camp de Tarragona, que proporciona los datos.

La colaboración es fruto de un convenio firmado entre la Universidad y la ATM, que trabajan en el análisis de la movilidad a partir de los datos generados por el sistema tarifario integrado de transporte público desde 2015. Desde la investigación, incide Miravet, que también es técnico de movilidad en la ATM, «se pueden aportar visiones y metodologías que faciliten la gestión de la movilidad, y transferir conocimiento aplicable al día a día de la toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública».

El análisis de las bases de datos con técnicas de minería de datos aporta información específica sobre los patrones de movilidad de la población residente y de los turistas, que de otro modo permanecerían desconocidas. La información que se desprende de esta tipología de datos, de carácter flexible y dinámico, resulta de gran utilidad en escenarios como el causado por la COVID-19, caracterizados por la disrupción continuada de los flujos de movilidad.