La empresa hace de mediadora entre el juzgado, el acreedor y el deudor a través de un servicio de venta de bienes embargados o hipotecados que se encuentran en un proceso de ejecución judicial para evitar que la subasta quede desierta

Dos investigadoras del Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la URV decidieron crear una empresa para buscar alternativas a las subastas judiciales. Elisabet Cerrato y Roser Casanova, socias de LitiGest con la participación de la Universidad, han comprobado que, aunque exista esta figura que permite evitar la subasta judicial, prácticamente no se utiliza. Hasta ahora y con los datos oficiales, cerca de un 80% de las subastas judiciales de inmuebles, propiedad de personas que no pueden hacer frente a las hipotecas, quedan desiertas y acaban en manos de los bancos.

En el sistema actual, todas las personas que intervienen en un proceso judicial acaban perdiendo: los bancos, que se quedan el inmueble y los gastos que les supone, y los deudores, que no solo pierden su bien, sino que a menudo continúan haciendo frente a la deuda, que no queda cubierta con la pérdida de su casa. La opción que LitiGest aplica es la que existe en la Ley de enjuiciamiento civil desde el año 2000 y permite activar una vía diferente de la subasta que consigue vender el bien: un especialista con el visto bueno del juez puede intervenir y hacer de mediador teniendo en cuenta, además, de que en esos momentos la relación entre acreedor y deudor está muy deteriorada.

De este modo se consigue que el acreedor facilite la venta —y que no haga perder el inmueble, como ocurre en algunas ocasiones— e intervenir en el juzgado para parar la subasta. En la mayoría de casos, los bienes son viviendas, pero se puede tratar de cualquier tipo de bienes: terrenos, locales, aparcamientos o joyas, entre otras.

Conseguir crédito en veinte días y sin ver el inmueble

Aunque en 2016 se introdujo la subasta judicial electrónica, una modalidad más transparente que la anterior para llegar a la ciudadanía, ocho de cada diez subastas quedan aún desiertas. Es un procedimiento complejo en el que el posible interesado debe disponer del crédito en veinte días durante los cuales es muy difícil visitar el inmueble. Por este motivo, en la mayoría de casos se los acaba quedando el banco pagando el 50% del precio de la tasación si no es vivienda habitual o el 70% si lo es.

Para evitar llegar a la subasta judicial, el acreedor (el banco) contrata los servicios de LitiGest “y a partir de aquí nosotros hacemos toda la gestión para evitar la subasta”, explica Roser Casanova. La tarea principal es hacer que la comercialización del bien “se quite de la vía judicial y se entregue a un profesional, experto y conocedor de la zona donde se encuentra el bien, que se encargue de la venta”. De este modo se buscará venderlo a precio de mercado: “Queremos conseguir un precio competitivo, para que el deudor se quede sin deuda y el acreedor encuentre más satisfacción en su crédito”, explica Elisabet Cerrato. Si no se acaba consiguiendo, se pretende que el bien se venda a un precio más asequible pero siempre más alto que el de la subasta o el de la adjudicación por parte de la entidad bancaria. Además, aplicando esta alternativa, hay un plazo legal de seis meses para vender el bien, prorrogables por seis meses más.  Y en caso de que no se venda, siempre quedará la subasta, que tendría que ser, consideran las expertas, el último recurso.

La actuación en el proceso judicial de LitiGest va más allá de la comercialización de la vivienda —o de los otros bienes— ante el órgano judicial como entidad especializada para activar la alternativa que ya está prevista en la Ley de enjuiciamiento civil. De este modo, median con todas las partes de la ejecución, controlan la transparencia de toda la operación y acaban rindiendo cuentas al juzgado.

De momento ya han puesto en marcha y han aplicado su modelo de negocio en tres clientes, tres entidades bancarias pequeñas, y están negociando la colaboración con otras entidades de crédito de dimensiones similares interesadas en contratar sus servicios. Durante la creación, LitiGest Consultores, SL recibió el asesoramiento de la Unidad de Valorización y Comercialización de la URV, que cuenta con el apoyo de ACCIÓ, y la Cátedra sobre el Fomento del Emprendimiento y la Creación de Empresas de la URV.