Quieren reconocer el valor de las prácticas académicas externas y evitar que las universidades tengan gastos añadidos por la aplicación de la nueva normativa

El Real Decreto Ley 28/2018 que el gobierno español aprobó el pasado 28 de diciembre para la revalorización de las pensionas públicas y otras medidas urgentes prevé que los estudiantes que hagan las prácticas académicas externas se incorporen al régimen general de la Seguridad Social. La intención del gobierno es reconocer así el valor de las prácticas, reforzar el sistema de protección social de los estudiantes y mejorar la transparencia de las empresas.

Sin embargo, la nueva normativa podría ser contraproducente, según alertó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tanto en la concepción de lo que son las prácticas como en su aplicación concreta, sobre todo en lo referente a quién debe hacerse cargo de las cotizaciones y cómo. Porque esto podría comportar dificultades no solo para las universidades, sino también para los estudiantes, que verían reducida la oferta de prácticas.

Es por este motivo que ya se ha abierto una mesa de diálogo entre la propia CRUE, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En la primera reunión que mantuvieron el pasado 16 de enero, el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades expresó la intención de que las universidades no tengan gastos añadidos a la vez que los estudiantes ganen derechos de protección social. También se acordó que la normativa no entrará en vigor hasta el próximo curso universitario 2019-20, en vez de este curso.

Por último, las mismas instituciones que forman parte de la mesa de diálogo se han comprometido a estudiar un informe de la CRUE sobre las prácticas académicas en varias titulaciones, que abordarán durante la reunión que tendrá lugar la próxima semana.